DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD

Informe España 2024 sobre los Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad.

España ha avanzado en la consolidación del Estado social y democrático de derecho, incluyendo mejoras en derechos humanos. Sin embargo, estos avances no han alcanzado a toda la población por igual. Uno de los grupos más afectados por la discriminación múltiple e interseccional son las mujeres y niñas con discapacidad. El Informe España 2024, elaborado por la Fundación CERMI Mujeres, ofrece un diagnóstico crítico y propositivo sobre su situación, destacando las barreras estructurales que aún impiden su acceso pleno a derechos fundamentales.

El informe subraya que estas mujeres enfrentan no solo obstáculos derivados de la discapacidad, sino también desigualdades de género, edad, origen, orientación sexual o residencia en zonas rurales. Un avance clave en 2024 ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución, que visibiliza por primera vez a mujeres e infancia con discapacidad, convirtiendo a España en un referente internacional.

A pesar de nuevos marcos legales y políticas como la Directiva europea contra la violencia de género o la Ley Orgánica 1/2025, persisten grandes desafíos. El acceso a la justicia sigue siendo limitado, y muchas víctimas enfrentan barreras en todas las etapas del proceso judicial. La violencia de género es especialmente grave en este grupo, aunque escasamente reconocida y documentada.

El informe denuncia prácticas como la esterilización forzada, prohibida desde 2020, pero aún sin reparación para las víctimas. También se abordan la exclusión educativa, laboral y la institucionalización como formas de vulneración de derechos, que limitan la vida independiente.

Finalmente, el informe no solo expone problemas, sino que ofrece propuestas concretas: incorporar de manera efectiva las perspectivas de género y discapacidad en todas las políticas públicas, generar datos desglosados y garantizar la participación activa de las propias mujeres y niñas con discapacidad. Su inclusión es esencial para una democracia real y para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos.