MARCO ESTRATÉGICO DE LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN PARA UNA BUENA VIDA EN LA COMUNIDAD

Este documento presenta el Marco de la Estrategia estatal de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad, un compromiso y elemento central en el desarrollo del componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se basa en el diagnóstico elaborado en la primera parte de 2023 y orienta la elaboración de la futura Estrategia (2024 – 2030) y de su primer Plan Operativo (2024 – 2026). El diseño y aprobación de la Estrategia conlleva un amplio proceso de análisis documental, consulta y participación de distintos actores, en el que se busca generar consensos que fundamentan la política futura en este ámbito. El marco estratégico ofrece la referencia de orientaciones, principios y ejes para el desarrollo del documento final de la Estrategia estatal de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad, que contendrá la concreción de los objetivos, líneas de actuación y medidas transformadoras que guiarán el proceso de desinstitucionalización. Esta Estrategia se dirige fundamentalmente a personas con discapacidad, personas mayores en situación de dependencia, niños, niñas, adolescentes en el sistema de protección, y personas jóvenes que han pasado por el mismo y personas sin hogar. También es útil para algunas de las familias de estas personas y para otros grupos de población que necesitan apoyos en su vida diaria o en circunstancias concretas y que los reciben en instituciones (mujeres que sufren violencia de género, personas refugiadas, etc.) El Informe del grupo de expertos ad hoc sobre la transición de la asistencia institucional a la de base comunitaria (2011) sienta el marco conceptual bajo el cual “todas las personas tienen el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la comunidad, el derecho a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, así como el derecho a vivir con dignidad. Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida familiar, ya sea en su propia familia o en una familia de acogida (si carecen de familia o si la permanencia en su familia constituye algún riesgo para ellos). Estos derechos están recogidos en los principales tratados y acuerdos internacionales y europeos sobre derechos humanos, el más claro y relevante en este sentido es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007. También recogen estos derechos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Social Europea revisada y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En la Unión Europea existe un amplio consenso político sobre la necesidad de orientar las políticas y respuestas hacia modelos que apoyen la buena vida en la comunidad y que contribuyan al desarrollo pleno de los derechos de las personas. Varios países están impulsando desde hace años políticas de desinstitucionalización. Las Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2019), señalaban una importante preocupación por los procesos de institucionalización, tanto en la infancia como en la vida adulta, el limitado acceso a la asistencia personal, la ausencia de enfoques personalizados, que se siga invirtiendo fondos públicos en la construcción de nuevas instituciones residenciales y la falta de una estrategia para la desinstitucionalización y de un plan de acción para impulsar la vida independiente para todas las personas con discapacidad en su comunidad. En este mismo sentido, recomienda este Comité, la necesidad de que se adopten medidas de forma inmediata para poner fin a la institucionalización de niños y niñas con discapacidad mediante, entre otras medidas, el desarrollo y la aplicación de una estrategia para promover entornos familiares seguros y con apoyos en la comunidad, con plazos determinados y asignación presupuestaria adecuada y, en este mismo sentido, que se diseñe, adopte y aplique una estrategia integral de desinstitucionalización e implemente salvaguardias que aseguren el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad en todas las regiones.