EL ANÁLISIS EN EL TERRITORIO: ESTUDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Temática:  Dependencia

EL PLAN DE CHOQUE NO CUMPLE LOS OBJETIVOS POR LA INEFICACIA Y FALTA DE COMPROMISO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Se incrementan en 91.295 las personas atendidas y se generan 32.522 nuevos empleos.

El gobierno de España cumple con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia, pero la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario.

En el primer año del plan de choque, diez gobiernos de Comunidades autónomas hicieron caja con el incremento presupuestario que realizó la Administración General del Estado: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Solo 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan ni siquiera las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año. Al ritmo del último año se tardaría once años en lograr la plena atención.

Mientras tanto se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera. Durante 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia. 19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos.

LA LISTA DE ESPERA DE PERSONAS PENDIENTES DE RESOLUCIÓN DE PRESTACIÓN.

Se está abandonando sin atenciones a las 353.965 personas que están a la espera de un procedimiento. El tiempo de espera medio es de 344 días.

A principios de este año 2023, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención son 177.423, a ellas hay que añadir 131.810 expedientes -personas- que están pendientes de valoración. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 309.233 personas.

A estos datos deben sumarse los datos ofrecidos a través del portal de transparencia, hay 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 solicitantes que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.

Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos Castilla y León (0,18%), Castilla La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

La Rioja (-45,8%), Aragón (-43,7%), Cantabria (-36,0%), y Canarias (-28,9%) han cumplido en 2022 el objetivo de reducción de la lista de espera del Plan de Choque. Hay tres comunidades que, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en un porcentaje preocupante este año: Asturias (+34,7%), Islas Baleares (31%) y la Región de Murcia (+29,6%). La burocracia en los procedimientos y estos datos dificultan el cumplimiento del objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el Plan de Choque.

El 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS CADA AÑO MÁS LOW COST E INSUFICIENTES PARA LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros (percibidas actualmente por 517.000 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 139,6 €/mes para los Grado I; 240,5 €/mes para los Grado II y 334,9 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.

las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. Baste decir que la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 445,5 €/mes (Grado II) y 550,8€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia (que fácilmente triplicará ese importe) constituye un “segundo copago” o copago invisible.

La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 h/mes, por grados 15,2h/mes para los Grado I; de 37,3 h/mes para los Grado II y de 57,1h/mes para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente

DATOS DE INTERÉS DEL SISAAD EN 2022

El 3,15% de la población española necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Desde hace una década no se obtenían datos tan positivos. Hay 91.295 personas atendidas más que a principio de año.

Las personas en espera de ser valoradas, no sólo no ha disminuido, sino que este año ha aumentado. 2022 cierra con 131.810 personas esperando ser valorada, 7.214 más que las 124.596 del año anterior. En este sentido 2022 cierra con 353.965 persona esperando algún tipo de trámite de la dependencia, únicamente 8.799 menos que en 2021. A este ritmo de reducción se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite.

En 2022, La reducción de la lista de espera ha sido muy desigual por Comunidades Autónomas, mientras La Rioja (-45,8%) y Aragón (-43,7%) han reducido la lista de espera por encima del 40%, otras comunidades como Murcia (+29,6%), Baleares (+31%) o Asturias (+34,7%) la han aumentado cerca o por encima del 30%.

El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos económicos. En 2022, hay una ratio de 41 empleos directos por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno ya asciende al 41,4%.  Actualmente el sistema de la dependencia emplea a 316.215 personas.

Según la estimación del Observatorio para la dependencia, por primera vez el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros.

El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros. De éstos, 7.723M€ fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995M€) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20.5%). Si tenemos en cuenta los gastos de copago y los sistemas de valoración y gestión, el conjunto se acercaría a los 10.494 millones/año. (0,8% del PIB).

Del gasto público directo en dependencia en 2022, la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la Financiación, llegando al 33,9% del gasto público mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.

El recorte acumulado de la AGE en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, (al que puso fin el Plan de Choque) ha sido de 6.321 millones de euros.

EL ANÁLISIS EN EL TERRITORIO: ESTUDIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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