Covid
El riesgo de morir por coronavirus aumenta con la edad. En esta crisis sanitaria del SARS-CoV, las personas mayores se han llevado la peor parte. Los casos de discriminación y edadismo han sido manifiestos o sutiles en muchas áreas. No es admisible que las personas que viven en un centro residencial sean privados de un derecho por su edad o por tener una gran discapacidad. Además, el confinamiento puede tener consecuencias a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, o a nivel social. En nuestro país el modelo de cuidados era insuficiente y era inadecuado, y llegó la crisis y destapó las carencias del sistema. La atención a las personas que precisan cuidados de larga duración merece una reflexión.
La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos devastadores sobre las personas mayores que viven en residencias. En España aproximadamente el 3% de los casos y el 40% de los fallecimientos han sido en este grupo de población, en el que además han aumentado los síndromes geriátricos y los problemas psicosociales, y se han vulnerado derechos fundamentales, como consecuencia de las medidas para el control de la crisis. En este artículo se describen factores estructurales de las residencias y de su relación con los servicios sanitarios públicos que han tenido un papel importante en el impacto de la pandemia en estos entornos. Se presentan modelos alternativos a las residencias tradicionales y a la manera habitual de relación con el sistema público de salud, que unen a otras ventajas la de haber mostrado capacidades excelentes para proteger de la COVID-19 a las personas mayores que viven en estos centros. Entre estos modelos destacan diferentes tipos de viviendas de grupo, modalidades de coordinación sociosanitaria basadas en la gestión de casos y en la dotación de profesionales sanitarios desde el sistema de salud. Se proponen estas experiencias de éxito como elementos a considerar en el cambio de modelo sociosanitario (integrado y centrado en las personas) que ha comenzado a desarrollarse en algunas comunidades autónomas.
El año 2020 fue sin duda un año marcado por la pandemia del COVID-19, también en el ámbito de los servicios sociales. La crisis sanitaria tuvo por una parte consecuencias en la actividad de los servicios, cuya actividad se vio reducida durante varios meses y posteriormente tuvo que ser reorganizada, adaptándose a protocolos y medidas de prevención que poco tenían que ver con el carácter fundamentalmente relacional que constituye la esencia del trabajo social. Por otra parte, la pandemia ha tenido –y está teniendo– consecuencias económicas y sociales negativas que están afectando a la sociedad en general y a la población usuaria de los servicios sociales en particular.
Este decimoctavo Boletín del Observatorio de Servicios Sociales de Álava, en la medida en la que se centra en los datos del Sistema referidos al año 2020, y analiza algunas estadísticas recientemente publicadas en relación con las necesidades sociales de la población alavesa, permite vislumbrar algunos de los efectos que ha tenido esta última crisis, que viene a sumarse a las consecuencias más perdurables de la anterior crisis financiera de 2008. En efecto, tanto los datos sobre el empleo que se analizan en el primer artículo de la sección A fondo, como los datos de la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS), objeto del tercer artículo de la misma sección, indican que la proporción de la población en situación de vulnerabilidad ha aumentado en los últimos años y, por lo tanto, también debería verse aumentada la demanda de servicios sociales en el futuro.
21st century long-term care is a human right and refers to support that is needed by persons with limited ability to care for themselves due to disability, physical or mental, associated with frailty or multi-morbidity. The needed support can be provided at home, in the community or in residential care facilities and includes for example assistance with daily living activities such as dressing, preparing meals, medication management but also basic healthcare services. Such services are usually provided by formal or informal caregivers, paid or unpaid. Formal care workers might be skilled health or social care workers that are employed, for example by home care providers or in residential care facilities. Informal care workers include unpaid family, friends or community members and paid caregivers who often work outside formal employment regulations or on the basis of unregulated agreements with families.
The World Health Organisation (WHO) defines this as a means to ensure that older adults with a significant loss of capacity can still experience healthy ageing1. In particular, they argue that it is essential to realign health systems to the needs of older adults, requiring a shift from systems designed around curing acute disease, to systems that can provide ongoing care for the chronic conditions that are more prevalent in older age. Governments, it argues, also need to develop long-term care systems to ensure people live their last years with good quality of life and dignity. Other framings call for person-centred orientation, rights-based approaches, and most recently empowerment of through long-term care. We also note that the question of appropriate long-term care for ageing populations has become more pressing in the light of the overwhelming morbidity and mortality rates among older adults caused by the SARS-CoV-2 virus. The deaths in 2020 in residentiallong-term care settings was particularly devastating. The WHO estimates that around half of all European COVID-19 deaths by mid-2020 occurred among care home residents, hundreds of care workers died and tens of thousands of older adults and their carers were affected by coronavirus and by related restrictions. A review of care home mortality in 20 countries reported that while the average share of the population in care homes is 0.73%, the average share of all COVID-19 related deaths that were care home residents was 46%. In addition, disruptions of primary health care and community-based care services have disproportionately affected older adults and other vulnerable groups, limiting access to essential care services and significantly increasing the pressure on informal caregivers. At the same time, the pandemic and subsequent containment measures brought into sharper focus persistent gaps and the vulnerabilities embedded in long-term care systems. There is now widespread public and political interest across Europe to reshape and reform long-term care systems with a view to promoting sustainability, resilience and equity.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha causado un cambio radical en la vida de las personas. El distanciamiento social o la reducción de la actividad física entre otras consecuencias, han afectado especialmente a las personas mayores, un grupo particularmente vulnerable, y entre ellos, a. las que viven en residencias. Estos cambios, junto a la conciencia de esta vulnerabilidad se relacionan con ansiedad, depresión y síntomas psiquiátricos, en muchos casos. Por tanto, esta investigación se propone analizar los efectos de la COVID-19 en variables cognitivas, funcionales y emocionales en un grupo de personas mayores que viven en residencias. Para dar respuesta a este objetivo, se contó con una muestra de un total de 90 personas mayores institucionalizadas con una media de edad de 85,6 (DT= 7,23), siendo mujeres (78,9%). Los instrumentos utilizados fueron: para el estado cognitivo, Mini-Examen Cognoscitivo de Lobo, MEC; para el estado funcional, Índice de Barthel y Test de evaluación de la marcha y el equilibrio de Tinetti. La parte emocional se valoró con la escala Goldberg de ansiedad y depresión. Todos las personas respondieron a los cuestionarios en dos tiempos: 6 meses antes de que se decretara el estado de alarma en España debido a la situación COVID (11.3.2020) y tras la finalización del mismo (21.6.2020). Se realizó una prueba t para muestras emparejadas que mostró diferencias significativas en el MEC (t(89) = 11,40; p < 0,000); el índice de Barthel (t(89) = 2,90; p < 0,005); el test de Tinetti (t(89) = 5,22; p < 0,000); y en la escala de Goldberg tanto en la subescala de ansiedad (t(89) = -8,54; p <0,000) como en la de depresión (t(89) = -4,39; p < 0,000). Estos resultados nos indican que el aislamiento, la ausencia de relaciones y la ausencia de actividades (terapéutica y sociales) ha generado un empeoramiento de las capacidades cognitivas, funcionales y emocionales de las personas mayores evaluadas. Concretamente, se han encontrado mayores niveles de deterioro cognitivo, mayor dependencia funcional, ha empeorado el equilibrio y la estabilidad en la marcha, un aumento de síntomas depresivos, de ansiedad y otros síntomas psiquiátricos. La mayor fragilidad y la dependencia de otras personas para la realización de las actividades de la vida diaria hace que las personas mayores que viven en residencias sean aún más vulnerables a los efectos adversos de la COVID-19.
En esta publicación se contienen 22 relatos escritos por una variedad de autores (personas mayores, profesionales, familias…) en los que se relatan las vivencias que han experimentado como protagonistas durante la primera gran ola de la pandemia COVID19.
Los cuidados son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Es un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades, generando una contribución fundamental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar.
La actual distribución de las responsabilidades de los cuidados es sumamente desequilibrada, recayendo principalmente en los hogares y siendo realizada mayoritariamente de manera no remunerada por las mujeres. A pesar de su importancia, este trabajo sigue
siendo invisibilizado, subestimado y desatendido en el diseño de políticas económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Como reflejo del estereotipo de la feminización del cuidado, en el ámbito del trabajo de cuidados remunerados, las mujeres también están
sobrerrepresentadas en estos empleos caracterizados en general por una baja remuneración y condiciones laborales precarias.
La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la insostenibilidad de su actual organización. En América Latina y el Caribe, desde antes de la pandemia, las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, esta situación se ha visto agravada por la creciente demanda de cuidados y la reducción de la oferta de servicios causada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social adoptadas para frenar la crisis sanitaria. Más aún, la llamada ¨nueva normalidad¨ implicará cambios importantes en la forma de escolarización y trabajo, dado que la infraestructura social no es acorde a las recientes necesidades de distanciamiento, generando nuevos desafíos de reorganización del trabajo productivo y reproductivo de mediano plazo, y mayores presiones sobre los sistemas nacionales de educación pública, salud y protección social más allá de la crisis.