Un cambio de mirada: ¿hacia dónde queremos ir como sociedad longeva?

Rafael de Lorenzo – Patrono de Fundación Pilares, y copresidente de la sección personas con discapacidad, mayores e inclusión social del ICAM

Reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y de la legislación en materia de discapacidad (Proyecto de Ley 121/000064) 

Durante años, en España han convivido dos grandes marcos normativos que afectan de manera directa a millones de personas. Por un lado, la legislación en materia de discapacidad y, por otro, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Dos leyes con objetivos comunes, pero con recorridos distintos. Mientras la normativa sobre discapacidad ha ido avanzando progresivamente hacia un enfoque de derechos humanos, alineado con la Convención de Naciones Unidas, la ley de dependencia ha permanecido más anclada en una lógica prestacional y asistencial. 

El Proyecto de Ley 121/000064 supone, por primera vez, la tramitación conjunta de la reforma de ambos marcos legales, con la voluntad expresa de alinearlos y dotarlos de coherencia. No se trata de un detalle menor, ya que implica reconocer que autonomía, discapacidad y dependencia forman parte de una misma realidad vital y social y que no pueden seguir abordándose desde compartimentos estancos. 

Conviene señalar que el recorrido político del proyecto no ha sido homogéneo. La parte relativa a la discapacidad ha contado desde el inicio con un amplio consenso social y político, sin apenas reparos de fondo. No ocurre lo mismo con la reforma de la Ley de Dependencia, que concentra mayores resistencias debido a su impacto competencial, organizativo y financiero, especialmente en el ámbito autonómico. Esta asimetría explica en buena medida las dificultades que ha atravesado la iniciativa desde su presentación. 

En este contexto ha sido clave la presión sostenida, el trabajo técnico y la capacidad de interlocución del sector de la discapacidad y del ámbito social y profesional de los cuidados. Gracias a ello, el Proyecto de Ley 121/000064 fue sometido a debate de totalidad en el Pleno del Congreso. La enmienda a la totalidad presentada por Junts per Catalunya fue rechazada, lo que permitió que el proyecto fuera admitido a trámite y continuara su tramitación parlamentaria. El resultado de la votación, con 7 votos a favor, 171 en contra y 169 abstenciones, refleja un equilibrio parlamentario muy ajustado, pero suficiente para mantener abierta una reforma largamente esperada. 

Más allá del recorrido parlamentario, el proyecto se inserta en una transformación social profunda. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia nació en 2006 como respuesta a una realidad que empezaba a hacerse evidente. Una población que envejecía y unas familias cada vez con menos capacidad para asumir solas los cuidados. Aquella ley supuso un hito al reconocer por primera vez la dependencia como una responsabilidad pública y no exclusivamente privada o familiar. 

Casi veinte años después, el contexto es radicalmente distinto. El aumento de la esperanza de vida, con previsiones que sitúan en 2050 a más del 30 % de la población europea por encima de los 65 años, el descenso de la natalidad, los cambios en la estructura familiar y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas han convertido la atención a la dependencia en una prioridad política en toda Europa. Ya no hablamos de una cuestión sectorial, sino de uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo. 

El Proyecto de Ley 121/000064 no se limita a actualizar la norma de 2006, sino que propone una reorientación profunda del modelo. El foco deja de estar puesto exclusivamente en las prestaciones para situarse en los derechos, la autonomía personal y la vida independiente. No se trata solo de atender necesidades, sino de reconocer a las personas como sujetos activos, con capacidad de decisión, incluso cuando requieren apoyos intensos. 

La reforma parte de una idea sencilla pero profundamente transformadora. Autonomía no significa hacerlo todo solo, sino poder decidir cómo vivir, dónde y con quién, contando con los apoyos necesarios. Frente a una mirada todavía muy asistencialista presente en los orígenes del sistema, se abre paso un enfoque que apuesta por la personalización, la flexibilidad y la conexión con la comunidad. Vivir más años no debería implicar automáticamente vivir más aislados. 

Uno de los cambios más relevantes respecto a la ley de 2006 es la forma de entender los cuidados. El proyecto cuestiona prácticas normalizadas durante décadas, como el uso de sujeciones físicas o farmacológicas, y pone el acento en el buen trato, la dignidad y el respeto a la voluntad de la persona. Cuidar deja de ser controlar o proteger en exceso para convertirse en acompañar vidas, asumir riesgos compartidos y cuidar también las relaciones que se tejen en torno a la persona. 

La reforma amplía y redefine servicios clave. La ayuda a domicilio se extiende al entorno comunitario, la teleasistencia se reconoce como un derecho subjetivo, se flexibiliza la asistencia personal y se abren las puertas a nuevas formas de convivencia y de organización de los cuidados. Los centros de día y los recursos residenciales dejan de concebirse como espacios cerrados para pasar a formar parte de itinerarios vitales conectados con el barrio, el pueblo y la comunidad. 

Todo ello responde a una realidad evidente. Los cuidados de larga duración no pueden seguir pensándose desde esquemas rígidos diseñados para otra época. Las trayectorias vitales son cada vez más diversas, las redes familiares más frágiles y las expectativas de vida más altas. La pregunta ya no es solo quién cuida, sino cómo queremos ser cuidados y qué papel queremos seguir teniendo en la sociedad cuando necesitamos apoyos. 

La ley mira también al futuro al impulsar la innovación social y tecnológica, la investigación y el uso ético de nuevas herramientas digitales. No para sustituir el contacto humano, sino para mejorar la detección de necesidades, anticipar riesgos y reforzar la autonomía. En paralelo, reconoce el valor social de las personas cuidadoras y refuerza los servicios sociales como pilares esenciales, especialmente en situaciones de emergencia. 

En el fondo, esta reforma nos interpela como sociedad. ¿Estamos preparados para pasar de un modelo centrado en la asistencia a otro basado en derechos? ¿Sabremos construir sistemas de cuidados que no aparten a las personas de su entorno, de su historia y de su identidad? Porque, al final, la autonomía no se mide por lo que una persona puede hacer sola, sino por hasta qué punto la sociedad es capaz de acompañarla sin arrebatarle su voz, incluso cuando más apoyo necesita. 

Ahora se abre una nueva etapa. Con el reinicio del periodo de sesiones en febrero comenzará la tramitación parlamentaria ordinaria, con los trabajos en ponencia y comisión. No será un camino sencillo. Todo apunta a una carrera de obstáculos marcada por la coyuntura política y por las posiciones divergentes de distintas comunidades autónomas y fuerzas políticas respecto al proyecto del Gobierno, especialmente en lo que afecta a la reforma de la Ley de Dependencia. Aun así, desde el ámbito social, profesional y asociativo que impulsa este cambio, seguimos albergando la esperanza de que la reforma pueda finalmente prosperar y ver la luz antes de que la legislatura concluya, sea cual sea el motivo de su cierre. 

 

Madrid, enero 2026