Dos buenas noticias
José Manuel Ribera Casado – Catedrático Emérito de Geriatría (UCM), Académico Numerario de la RANM de España
Al inicio del verano recibíamos dos buenas noticias. Dos noticias, hasta cierto punto inesperadas, pero que nos deben llenar de alegría a todos los que trabajamos en el mundo de las personas mayores. Por un lado, se informaba que el Consejo de Ministros aprobaba una subida muy significativa en el monto económico destina a la dependencia. Por otro, se daba a conocer una “Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores”. No estamos acostumbrados a recibir este tipo de emociones y, menos aún, cuando, como ocurre en este caso, se producen por partida doble.
Pedir que aumenten los recursos destinados a la dependencia es un lugar común desde el mismo momento en el que se aprobó la Ley correspondiente en el año 2007. Se ha solicitado por activa y por pasiva desde las asociaciones de personas dependientes y las de sus cuidadores. También desde las diferentes administraciones y desde cualquier instancia involucrada en el tema. Queda por ver cómo se concreta el recorrido administrativo de esta decisión ministerial, pero, en todo caso, incrementar en 6.200 millones de euros repartidos entre los años 2026 y 2027 supone un salto cualitativo
Existe consenso en que uno de los grandes problemas en el manejo de las personas dependientes –evidentemente, no es el único- viene siendo falta de recursos. También la forma de administrar los que existen. Confiemos en que esta decisión no se convierta en otra batalla política que desvirtúe su eficacia.
Con respecto al proyecto de ley contra el maltrato de la población de más edad podemos considerar que estamos ante otro hito histórico. Los malos tratos al anciano en cualquiera de sus formas suponen un fenómeno tan extendido como poco conocido por el conjunto de la sociedad. Pero también por los profesionales que atienden al mayor, por los medios de comunicación e, incluso por las propias víctimas. Revisten infinitas formas, desde las agresiones físicas, las más fácilmente detectables, hasta las psicológicas y las económicas. Incluye también unas formas tan dañinas y poco atendidas como las que englobamos bajo el nombre de negligencias.
Son un fenómeno que surge, sistemáticamente, con más o menos intensidad, en toda suerte de niveles de atención al mayor, sean estos sociales o asistenciales. Se trata de una forma más del edadismo imperante, especialmente grave en la medida en la que sus víctimas constituyen uno de los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía.
Esta ley pretende expresamente constituirse en un “instrumento fundamental para prevenir, detectar, atender, sancionar y erradicar estas conductas, así como para garantizar la protección, asistencia y reparación de las víctimas”. En apoyo de la iniciativa se ha solicitado la declaración formal de numerosos colectivos relevantes, tanto del mundo científico como del cultural y social en general. Entre otras el apoyo formal de la Real Academia Nacional de Medicina de España, algo a lo que evidentemente se ha sumado esta entidad. Es curioso y significativo que en otros sectores de la sociedad las medidas legislativas que se solicitan se hayan instaurado ya hace tiempo, Al menos hace un siglo en el caso del maltrato infantil y, con una actualidad rabiosa, durante los últimos 30-40 años en lo que corresponde a los malos tratos a las mujeres.
Mi intención con estos comentarios no es otra que la de sumarme a ambos proyectos, tanto por lo que tienen de positivos para mejorar la calidad de vida del colectivo al que dedicamos nuestro esfuerzo profesional como por contribuir de este modo a la sensibilización de una sociedad que, sólo de forma muy lenta, va tomando conciencia de estos problemas y de la necesidad de sumarse al carro de lo que cabría denominar una búsqueda mantenida y urgente para encontrar posibles soluciones.